LENGUAS EN MOVIMIENTO
HACIA UNA NUEVA INDEPENDENCIA:
ARGENTINA EN COMÚN
La memoria del 9 de julio sigue siendo portadora de una fuerza fundamental
en la historia de nuestros pueblos. Es el momento de la Declaración de
Independencia, cuando nuestro país define formalmente la ruptura de los
vínculos de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la corona española.
Ese gesto, que se aloja en la tradición revolucionaria, es de una magnitud
política mayor; implicó la emancipación del orden colonial, su profundo sentido
cultural se expresó en el carácter plurilingüe de la Declaración, redactada originalmente
en castellano, quechua y aimara. Este 9 de julio de 2020 es momento de avanzar
hacia una nueva Independencia. Una nueva independencia que pueda liberar a los
pueblos ya no de las viejas monarquías sino de las nuevas formas neocoloniales
de dominación contemporáneas -financieras, comunicacionales, judiciales- que
son todas ellas modos de dominio sobre los cuerpos y las lenguas. Esta segunda
Independencia encuentra al campo popular en una situación compleja y delicada.
En este instante de torbellino pandémico, en el cual una porción ampliamente
mayoritaria del pueblo argentino ha hecho propia la defensa de la vida
sintetizada en la cuarentena, la puesta de cuerpos militantes en la calle sería
una imprudencia vital. Por eso es necesaria la recreación de la idea de
movilización social bajo formas de cuidado. Cuando los cuerpos están recluidos,
deberán ser nuestras lenguas las que se pongan en movimiento vibrante,
militante, enérgicas, festivas, y puedan declarar firmemente la necesidad de
una Argentina popular, igualitaria, plebeya, asentada sobre un sistema de
bienes comunes y de justicia social, soberana, emancipada, antipatriarcal y
feminista, de identidades complejas, múltiples y abiertas. Una Argentina en
común.
La
pandemia y los nombres
El modo de producción y consumo dominante tal como lo conocemos ha
producido la crisis del coronavirus. La pandemia mostró el tamaño de la
desigualdad entre los Estados, la extensión de la precariedad laboral y la
existencia de un conglomerado –político, empresarial, judicial y comunicacional–
que construye la vida de vastos sectores sociales como vida descartable. Por
otra parte, ha arrojado luz sobre la importancia de los Estados en tanto
garantes de los bienes públicos, al mismo tiempo que ha dado cuenta de su
precariedad, en parte como causa de las políticas neoliberales que los han vaciado
de recursos y de legitimidad para avanzar en las grandes transformaciones
colectivas que la sociedad necesita. En la actualidad nos encontramos
extendiendo los límites de una soberanía bajo las formas en que es requerida
como instrumento emancipatorio en el orden de lo alimentario, lo sanitario y
del conocimiento; pero, a la vez, como apuesta por una economía igualitaria en
un sistema de bienes comunes, que desborde la lógica en la que el
neoliberalismo sopesa el trazado de las nuevas divisorias sociales de las vidas
sacrificables.
Argentina está atravesada por una disputa política, que es siempre una disputa por los
nombres: “Vicentin”, “expropiación”, “propiedad privada”, “soberanía
alimentaria”, “alimentación como derecho humano”, “libertad”, “república”, “democracia”.
Las cuestiones nominales y políticas en el fondo significan una disputa por la
renta, por el sentido de lo común y por los significados que le damos a la
palabra igualdad. Vicentin es el nombre infausto de la hora actual del país en un
conflicto que vuelve a poner a los sectores dominantes de la Argentina en
contra del pueblo. La iniciativa original del gobierno de presentar ante la Asamblea
Nacional Legislativa un proyecto de expropiación de la empresa Vicentin ha
tocado uno de los nervios más sensibles de la estructura económica y social
argentina. Su historia es larga y compleja y por lo tanto urge indagar en sus
capas más profundas.
Vicentin: una
genealogía del capital agroexportador
La historia de Vicentin es la historia del gran capital nacional en
la Argentina. Fundada en 1929, poco antes del inicio de la “década infame”, en
pleno crack del capitalismo, en los
comienzos de la Gran depresión económica mundial, se radicó en Avellaneda,
norte de la provincia de Santa Fe, como un comercio modesto de acopio y ramos
generales. Se desarrolló con el esfuerzo de pequeños productores nucleados en cooperativas
que depositaron en la empresa la confianza para la comercialización de granos.
La destrucción del modelo productivo orientado al mercado interno de
un Estado de bienestar comenzado en 1946, fue
horadando las bases productivas de la empresa hasta que en 1982 Cavallo
estatizó la deuda privada y 2 millones de dólares de deuda de Vicentin pasaron
a ser deuda del Estado. Durante esa última dictadura cívico-militar-eclesiástica
la historia política de Vicentin muestra su costado más oscuro por la desaparición
de 22 trabajadores, 14 de ellos delegados gremiales, difícil de consumar sin la
participación o el conocimiento de los directivos de la empresa.
A lo
largo del siglo XX y los inicios del XXI Vicentin pluralizó y diversificó sus
rubros: en el desmonte del algodón, en la molienda de lino, maní, soja, girasol,
maíz, sorgo, en la producción y manufacturado de aceites, harinas, pellets, en
hilandería y tejeduría, como distribuidora de carne y productora de biodiesel y
bioetanol. Desde mitad de la década de 1980 posee
una terminal de embarque propia (no es la única) en San Lorenzo, a orillas del
río Paraná, eje fluvial y mercantil vertebrador de la Argentina, pieza relevante
de cultura como ilustra la Oda al
majestuoso río Paraná de Manuel de Lavardén, en la que se prefigura el
propio nombre de la Argentina. Y más cerca nuestro, sin dudas, en la poesía de
Juan L. Ortiz que evoca el nombre de los Tupac, palabra de origen incaico que
aloja, en la profundidad de las aguas del río, la pluralidad y diversidad de
las lenguas que necesita la Argentina para ser nombrada. Trazada
esta genealogía, también Vicentin forma parte de la historia de nuestro país,
del río y en lo que concierne a su historia política, está ensamblada con
aquella de los grandes capitales nacionales, construidos
a expensas de recursos públicos mientras se articula un mecanismo de evasión y
ocultamiento de ganancias. Vicentin condensa nudos históricos que van desde la
fundación de Avellaneda en 1879, las políticas migratorias que en esa región se
conocen bajo el nombre de “pampa gringa”, las de reparto de la propiedad de la
tierra, el exterminio y subordinación de las comunidades indígenas y la
colocación de Argentina en los mercados internacionales, hasta la alianza de
las oligarquías locales con el capital financiero y los ecos pasados y recientes
del golpismo agroexportador.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el patrimonio de Vicentin creció
exponencialmente. El Banco de la Nación Argentina, presidido por Javier
González Fraga, sólo a lo largo de 2019, le otorgó 24 créditos y 39 préstamos;
ya para junio de 2019 era la séptima empresa con mayor facturación en el país. Sin
embargo, el destino de esa cuantiosa asistencia pública no fue a inversión
productiva ni a mejora de las condiciones de lxs trabajadorxs, sino a la volarización
del capital, el vaciamiento programado en complejas operaciones especulativas y
triangulaciones internacionales en las que Vicentin se constituyó en un actor
financiero destinado a la fuga de capitales. Una súbita declaración de cesación
de pagos que deja a la empresa inviable para recomenzar su actividad cuando
salta a la luz una estrategia de ocultamiento de activos y disminución de su
patrimonio, a la par de un proceso de extranjerización de la compañía que
extrema el predominio del capital transnacional en un mercado fuertemente
concentrado.
Expropiación: fronteras entre capitalismo, democracia,
Estado y nación
Las décadas de tartamudeo masivo de consignas neoliberales nos han
inducido a una asociación inmediata entre corrupción y política, entre estafa y
Estado. Es una urgente tarea política encontrar las palabras justas para nombrar
la corrupción estructural privada, que no es tan solo un delito contra la
propiedad sino contra los bienes públicos que sostienen la vida digna de
millones de compatriotas. En este sentido, Vicentin también representa un
símbolo inquietante del canibalismo del capital en su fase
financiera-especulativa: la degradación de la fertilidad de la tierra por el
monocultivo, la destrucción del medioambiente por la utilización intensiva de
agroquímicos, la precarización del trabajo agropecuario por el sojuzgamiento
gremial a manos del gran capital y, en un último gesto, la malversación del
crédito productivo en maniobras especulativas. Decimos “canibalismo” porque las
últimas décadas de Vicentin representan la voracidad del gran capital
especulativo, financiero y concentrado respecto de los propios medios de
producción que cualquier capitalismo requiere para su expansión productiva:
tierra, ambiente, trabajo y crédito. Por eso creemos que es momento de
recuperar la capacidad regulatoria pública en las actividades vinculadas al
complejo agroindustrial. En definitiva, el nombre Vicentin es una pregunta
urgente por el modelo de desarrollo, más aún en el contexto de descalabro
económico y social producido por la pandemia.
Hay sectores de la sociedad que han salido a boicotear la
cuarentena y a defender la empresa ante el temor al fantasma del comunismo o
del populismo, sin reconocer que su expropiación beneficiará los intereses y
deseos colectivos. Estas acciones nos obligan a pensar la naturaleza de las
contradicciones. Sin dudas, la cuestión acerca de por qué hay dominación y no
más bien libertad constituye el “núcleo duro” de la política que no debemos
dejar de desentrañar. ¿Cuáles son las fuerzas que nos pueden movilizar a
identificarnos con ciertas demandas que podrían ir en perjuicio de nuestras
vidas? Es aquí donde el viejo enigma de la servidumbre voluntaria -¿por qué muchas
veces se lucha por el sometimiento como si se estuviese luchando por la
libertad?- debe complementarse con una interrogación sobre los procesos de
sujeción y subjetivación. Porque siempre hay posibilidad para la política. Hay
política y no simple dominación cada vez que logramos interrogarnos por la
posibilidad de un orden social más justo y hacemos de ello una lucha por lo
común. La colonización del Estado por las grandes corporaciones económicas
tiene un correlato en la colonización de los sentidos y las conciencias por un
individualismo posesivo en el que emerge la falsa discusión en torno a la
propiedad privada. ¿Acaso no ha sido la misma Vicentin la que ha puesto en
cuestión la propiedad de los pequeños productores, cooperativas, trabajadores,
bancos públicos?
Somos conscientes de la deslegitimación que ha sufrido el Estado en
estas décadas de monolingüismo neoliberal, resistido por cierto por la
organización de la clase trabajadora. Somos conscientes también de las propias
dificultades de gestión de un Estado desfinanciado en un marco de ineficacia
legal afectado por los efectos de la prédica neoliberal y del desmantelamiento
que en su nombre se le perpetró. Pero el Estado es también campo de lucha por
el sentido común. Por eso acompañamos la idea de expropiación como una forma de
impulsar lo público, esto es, de volver a vincular a los productores
cooperativos con la tierra y los productos de su trabajo; como una oportunidad de
rediscutir la relación entre exportación de materias primas, agroindustria,
sustentabilidad ambiental y modelo de desarrollo nacional. Expropiar no es
poner un bien a disposición de una corporación sino al servicio de una
comunidad de productorxs y ciudadanxs. No de élites y burocracias.
La intervención de Vicentin y su constitución en una institución
público-estatal a través de su posterior expropiación abre una
discusión acerca de los sentidos de la democracia. Permitiría que el Estado
pueda intervenir en un mercado tan concentrado y sensible como el de la producción
de alimentos, promoviendo el derecho a la alimentación y la soberanía
alimentaria. Posibilitaría tener un mayor control fiscal tributario sobre las
divisas y sobre los puertos, esto es, sobre la riqueza que entra y sale de la
Argentina. Inauguraría una interesantísima y postergada discusión acerca del
modelo dominante del agronegocio; importante no solo para la Argentina sino
para el mundo. A la inversa, si Vicentin no se transforma en patrimonio común y
no se avanza en la dirección de un mayor control público de los grandes
capitales que expolian la renta nacional, el Estado –fragilizado por el
macrismo– quedará, entre otras consideraciones, con menos recursos para avanzar
hacia una mayor distribución de la riqueza. En este sentido, expropiar Vicentin
implicaría un movimiento, hacia la igualdad y la justicia social. Un leve pero
fundamental movimiento hacia lo que toda “gran tradición” de pensamiento
político democrático, nacional, popular y republicano concibió como fundamento
de toda comunidad organizada: el cuidado de la cosa pública, de la riqueza
comunal que produce y de la cual depende. Expropiar tiene el sentido de un paso
inicial hacia una ciudadanía que garantice la participación en la herencia
común para todxs, de manera de reconocernos lxs unxs a lxs otrxs en nuestras
diferencias indeclinables como vidas dignas de ser vividas, en lugar de
temernos como amenazas; para poder quebrar esa obsesión por el miedo al otrx que
la derecha ha cultivado desde siempre.
Cuidar la democracia entre todxs
Entre las reacciones a la propuesta del gobierno preocupa la
bravata secesionista proferida por un alto dirigente opositor y ex gobernador
de Mendoza. La declaración es funcional a un capitalismo contemporáneo
arrasador de la soberanía a través de políticas que vinculan economías de
enclave o regiones pasibles de extracción intensiva de recursos naturales con
el gran capital financiero global. Esa operación suprime de hecho la regulación
legal que el Estado de Derecho impone para representar la soberanía popular y
garantizar los derechos de lxs ciudadanxs. La “gran prensa” calibró las
declaraciones del ex gobernador de una manera curiosa. Se intentó auscultar en
el reclamo un efecto demostrativo –en las élites locales– de los procesos
separatistas en la Comunidad Europea, desde los movimientos autonomistas en
España hasta el Brexit. Esa perspectiva resuena en los discursos que se
escucharon en las movilizaciones de Avellaneda en defensa de Vicentin, en la
construcción mediática del “cordobecismo” y en esta suerte
de “MendoExit” que pone en cuestión la propia integración nacional.
Contrariamente a este imaginario globalizador antiestatista, en nuestra región
los espasmos autonomistas vienen indefectiblemente a detener los procesos democráticos
populares legítimos. Un caso emblemático en este sentido es el de la
insurrección de “la media luna” en Bolivia.
Bajo el nombre de macrismo se indica una identidad política capaz
de activar –incluso hoy– un conjunto de aparatos biopolíticos, tecnológicos,
jurídicos, financieros y comunicacionales que son de orden nacional y global.
En el vecino Brasil –laboratorio social y político de características fascistas
y ultraneoliberales– el macrismo pasa a llamarse bolsonarización de la vida. La destrucción política, cultural,
económica que el macrismo ha llevado a cabo en cuatro años no tiene antecedentes
en la historia de la posdictadura. Ese conjunto de aparatos hoy (ab)usa la
cuestión Vicentin para ocultar una trama desatada durante su gobierno. Se trata
de las escuchas (i)legales cambiemitas, activadas contra opositores políticos,
científicxs, académicxs, intelectualxs, obispos, que auscultaban también a
cuadros políticos propios y propagandistas ideológicos regimentados en su
matriz de poder. Las escuchas activadas por la AFI y aquellas llevadas a cabo para
sobrevigilar a presos políticos y empresarios son escuchas (i)legales. Ilegales porque responden a la lógica de la
inteligencia interior con fines privados –en beneficio de una facción
política–, perpetradas por agentes al servicio del Estado nacional. Esa forma
de acción que se sitúa en un umbral de indistinción entre lo legal y lo ilegal
responde a la lógica de un orden mafioso. En efecto, estamos frente a una manifestación
mafiosa del doble Estado oculto enquistado en las fisuras
del Estado de derecho. Ese doble Estado oculto es una suerte de conjura secreta
que cuando se anuda con los tejidos vivos y activos de la legalidad
institucional crea fricciones con el poder constituido y genera
para-estatalidad, para-economía, para-legalidad. Usar bienes del Estado en
beneficio particular –a disposición de una facción política– es un delito que
debe ser perseguido por el Estado de derecho, atacado en su justa iniciativa
por la intervención y eventual expropiación de Vicentin. Es imperiosa la
existencia de una oposición responsable y democrática, que aun con diferencias
sustanciales, prevalezca frente a los sectores más reaccionarios.
Hacia una nueva Independencia: Argentina en
común
La cultura dominante, sobre todo en contextos de monolingüismo
global, oscurece y abandona a su suerte la riqueza, la diversidad y complejidad
de las lenguas argentinas, tanto en lo que atañe a las variedades de nuestro
español, sus rasgos regionales, inmigratorios, de mixtura y frontera
latinoamericana, como a la presencia viva de las lenguas de pueblos y comunidades
indígenas. Las lenguas quechuas, las tupí-guaraníes, las mapuche, el aimara, las
mataco, el wichi, el qom, el mocoví, forman conjuntos de una economía
lingüística en la que se inscriben tradiciones, miradas y legados culturales de
extraordinaria significación. Se hablan en el país más de 15 lenguas, tanto en
territorios específicos como en grandes conglomerados y periferias urbanas;
excepto por las provincias de Corrientes que en 2004 estableció la
cooficialidad del guaraní, Chaco, que
dio rango oficial al qom, el wichi y el mocoví en 2010 y Santiago del Estero
que incorporó en su Constitución provincial un artículo en defensa y cuidado
del quichua, sigue pendiente en Argentina la discusión sobre el carácter
multicultural y plurilingüístico de su composición nacional. Esas lenguas, iluminadas
en los procesos independentistas, quedaron sin embargo sepultadas en los
enfrentamientos que dieron lugar a la construcción liberal del Estado, y más
tarde en la genealogía y las prácticas de los saberes y disciplinas
etnográficas de corte europeísta que las concibieron como parte de un mundo
muerto. Un gobierno como el del Frente de Todxs, que vuelve a asumir una
interrogación por lo nacional, por la convergencia y unidad latinoamericana,
está en condiciones de abrir una crucial deliberación democrática acerca de lo
que en esas lenguas, y con ellas, se expresa como causa histórica, de
afirmación de identidades complejas, múltiples y abiertas.
Las sociedades latinoamericanas comenzaron el siglo XXI con una
fuerte impugnación del modelo neoliberal y con una rediscusión del espacio de
experiencias y el horizonte de esperanzas. Este proceso político
latinoamericano de gobiernos populares y democratización social, interrumpido
por el giro a la derecha de los últimos años que incluyó seis golpes de Estado,
ha ido en sentido contrario al separatismo y la fragmentación regional; y
deberá encarar ahora el problema central de la inclusión en la diversidad de
las lenguas, los géneros, las clases y las identidades etnorraciales. La
interseccionalidad democrática resulta impensable sin Estado de derecho y
comunidad política nacional.
Hay un nervio democrático que vincula la expropiación de Vicentin
con el problema urgente de cumplir con la política sanitaria del gobierno
frente a la pandemia. En condiciones donde la vida está en juego, cuidar las medidas
de aislamiento social preventivo y obligatorio, como así también las
condiciones que hacen posible la cuarentena, se ha vuelto una cuestión política
de primerísimo orden. Entendemos que la expropiación de Vicentin junto con una
gran discusión sobre el impuesto a las grandes riquezas, la soberanía
alimentaria y la renta básica universal, constituyen algunos de los
instrumentos que permitirían la sostenibilidad de millones de vidas. Lxs
argentinxs sabemos por nuestra historia reciente qué significa vivir en
democracia: principio ineludible de preservación de la vida de todxs en
condiciones de libertad, igualdad y respeto de la soberanía popular.
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